Los investigadores de la Dirección General de la Competencia, el
Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) han encontrado pruebas de ese
acuerdo, lo que podría traducirse en una decisión del Consejo de la Competencia
antes de fin de año, indicó el diario. "Le Parisien"
aventura que el documento, que está en manos del ministro de Industria, Patrick
Devedjian, implicará la imposición de una multa que podría representar hasta el
10 por ciento de la facturación mundial de Orange (filial de France Télécom),
SFR (participada por Vivendi) y Bouygues Télécom (filial de Bouygues).
El Gobierno no tiene intención de hacer público por el
momento el contenido de las investigaciones de sus servicios antifraude, porque
eso podría abortar la instrucción judicial, pero podría exigir esfuerzos
tarifarios, como hizo con los mensajes de móviles (SMS) en mayo.
El procedimiento lo abrió la asociación de consumidores "UFC-Que
choisir" en febrero de 2002 con una denuncia ante el Consejo de la Competencia
por acuerdo ilícito.
"UFC-Que choisir" se quejaba de que los operadores habían
decidido conjuntamente establecer el mismo sistema de facturación de las
llamadas para evitar la competencia, de modo que los abonados de todos ellos
debían pagar sus llamadas sobre la base de un primer minuto indivisible, y a
partir de ahí por franjas de 30 segundos.
El Consejo de la Competencia encargó las pesquisas a los
servicios antifraude del Ministerio de Economía, que el verano pasado llevaron a
cabo registros simultáneos en las sedes de Orange, SFR y Bouygues Télécom.
Un informe similar abierto contra nueve bancos de los que se
demostró que habían establecido un compromiso para evitar hacerse la competencia
en la renegociación de créditos inmobiliarios dio lugar a una multa histórica de
183 millones de euros en el otoño de 2000. |